IU exige al alcalde ir al juzgado si las comisiones descubren delitos.

Autor Administrador

IU de Bollullos va exigir al equipo de Gobierno que ponga en manos de los tribunales cualquier indicio de delito que puedan surgir de las cuatro comisiones informativas abiertas por los concejales no adscritos y los populares, cuyo fin era fiscalizar las cuentas municipales durante el mandato de Carlos Sánchez. El representante local del partido, Juan Félix Camacho, dijo que es imprescindible que se depuren responsabilidades por la vía judicial, siempre y cuando existan elementos punibles a nivel legislativo sobre la gestión que desarrollaron los ediles durante la anterior etapa socialista. El objetivo, precisó, es evitar que las comisiones se conviertan en un mero instrumento al servicio de los intereses políticos y “como un arma arrojadiza”. Ver los vídeos en LEER MAS.

Camacho recordó igualmente la necesidad de abrir una quinta comisión informativa que investigue el convenio urbanístico del Residencial Las Gamonitas, en el cual concurre la circunstancia de que fue apoyado por el PP y duramente criticada por los ediles expulsados de IU. La razón es “el aumento desmesurado de la edificabilidad para aumentar la rentabilidad y la cesión de tan sólo 1.000 metros cuadrados para un centro educativo”. Bajo este criterio la concejal Isabel Salas, la única de IU que no secundó la moción de censura, presentará una propuesta en la que solicitará que se sea consecuente con los criterios e ideales defendidos en aquel momento y se ponga en marcha la nueva comisión.

Al hilo de ello, la formación confía en que, “de una vez por todas” el alcalde Francisco Díaz reconozca a la edil como única portavoz de IU y, en consecuencia, se les aplique los derechos que posee como miembro de la cámara local y como representante de la formación política.

En otro orden de cosas el responsable de comunicación, José Carlos do Carmo, presentó el primer boletín informativo y aprovechó para cargar contra la privatización de la piscina municipal y los sueldos de los liberados, cuyo caso más flagrante es el del concejal popular Francisco Martín, que cobra 50.000 euros anuales.

La directora de la gestora, Lidia Acosta, subrayó que su grupo defenderá los ideales y el espíritu de los 2.700 votos que depositaron su confianza en IU, dado que, “tras la expulsión de los cinco ediles firmantes del pacto, somos la única fuerza que seguimos defendiendo los ideales de izquierdas, y que no hemos claudicado ante el poder, al anteponer nuestros ideales a los sueldos”.

Fuente: Carlos López - Huelva Información.